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Gestión financiera

“Baja eficacia de la figura concursal en el mercado español”

20 julio, 2011


En estos tiempos difíciles que vivimos, nos hemos acostumbrado a manejar el concepto de Concurso Voluntario en nuestras conversaciones casi cotidianas. Leemos estadísticas en los periódicos, oímos historias de casos reales en la pausa del café y en el caso de los responsables de créditos en las empresas, lidiamos desafortunadamente cada día con más casos entre nuestros clientes.

Según las últimas estadísticas del INE, la cifra de Concursos de Acreedores en España en el primer trimestre de 2011 se incrementó en un 5,9%  con respecto al mismo periodo del año anterior, y supone un record histórico con 1.803 casos. Pero lo alarmante de este dato no es el incremento en sí mismo, sino el hecho de que un porcentaje mayoritario de las empresas que presentan concurso acaban en liquidación.

Esto demuestra que la figura jurídica creada en principio para proteger y garantizar la viabilidad de las empresas en dificultades financieras, tiene muchas veces el efecto contrario ya que acelera la muerte y desaparición de las mismas, con unos porcentajes de recobro de deuda realmente bajos para los acreedores.

Para encontrar las causas de este fenómeno debemos analizar primeramente aspectos ajenos a la propia solvencia de las empresas, como son los trámites burocráticos asociados a la presentación y aprobación de concurso, los costes asociados a dicha presentación, y el plazo de tramitación en los juzgados mercantiles muchos de ellos colapsados por el alto número de procedimientos. Si a todo esto unimos el contexto actual de demanda, la baja liquidez y la desconfianza reinante, no es aventurero decir que el Concurso Voluntario se ha convertido en la crónica de una muerte anunciada, y por lo tanto debemos esperar en la mayoría de los casos a un final fatal.

Este contexto demuestra que se necesita reformar la actual legislación concursal y crear nuevas figuras jurídicas que permitan por un lado proteger realmente a las empresas en dificultades y por otro proporcionar medios alternativos para dar de baja negocios no rentables e incapaces de afrontar sus deudas.

A modo de comparación, si miramos a nuestros vecinos Europeos,  veremos que en Francia la cifra anual de insolvencias de derecho es de 67.400, en Alemania de 33.800, y en países con tejidos empresariales mucho más pequeños que el español como Bélgica (10.000), Austria (6.980) o Suecia (8.170), las cifras de insolvencias son también superiores a la nuestra.

Esto demuestra que la figura del Concurso, Voluntario o Necesario, a pesar del incremento tan importante experimentado en nuestro país en los dos últimos años,sigue sin ser utilizado de forma masiva y no es por lo tanto una medida representativa de la morosidad real en nuestra economía. A destacar que el número de empresas disueltas en España en 2010 fue de 18.475 a lo que habría que añadir aquellas que simplemente echaron el cerrojo y cesaron actividad.

El trabajo de los gestores de créditos en las empresas debe estar por lo tanto muy enfocado a detectar indicios que puedan predecir una situación concursal, utilizando todas las herramientas que en cada caso resulten accesibles, y tomando acciones firmes que permitan reducir o eliminar los saldos pendientes antes de que sea demasiado tarde.

 

José Miguel Rodríguez y Edgar Figueroa

Socios, Área de Consultoría

OneRate AIE











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Comentarios

MARIA Publicado el 20 abril, 2018 16:20 Responder

Hola, tengo un comercio que lleva todo el año teniendo pérdidas mes a mes.
No puedo hacer frente a pagos de proveedores ni a mi propia nómina.
Ante la imposibildiad de poder seguir con la tienda quiero saber qué pasos tengo que dar para declarar suspensión de pagos y quién me lo gestiona.
Gracias.

    Dirección de Estudios de Informa D&B Publicado el 20 abril, 2018 16:20 Responder

    Hola María:
    Gracias por seguir nuestras publicaciones.
    La solicitud de suspensión de pagos se presenta en los Juzgados de Primera Instancia. Sin embargo, para presentar todos los documentos de forma correcta, el mejor consejo es consultar con una asesoría jurídica o laboral. Un saludo!

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