El ICO y el dilema del último bote

El Instituto de Crédito Oficial, más conocido por sus siglas ICO, es «una entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Economía que tiene consideración de Agencia Financiera del Estado».

La función del ICO podría inscribirse en el marco de la política económica del Estado: el Instituto es responsable, siguiendo las instrucciones transmitidas por el Gobierno, de proporcionar financiación en condiciones generalmente ventajosas frente al mercado o, al menos, de garantizar el acceso al mercado de la financiación, a las empresas que lo soliciten y obtengan. Esto es, el ICO pone en marcha, desde el punto de vista financiero, las iniciativas de impulso económico que el Estado considera prioritarias.

Ámbitos de actuación

Para determinar cuáles son estas líneas de actuación, de forma genérica o específica, lo mejor es acudir a la fuente,  a la propia web del ICO, donde se indica de forma clara cuáles son sus ámbitos prioritarios. Como afirma el propio Instituto, «la financiación del ICO se dirige a impulsar sectores como la industria cinematográfica, el transporte, favorecer los proyectos de innovación tecnológica, las energías renovables y potenciar la presencia de nuestras empresas en el exterior».

En este sentido, el Instituto de Crédito Oficial puede llegar a ser, en ocasiones, el último asidero contra el «darwinismo económico» de los mercados, que deciden de forma competitiva, orientados únicamente por criterios tan peregrinos como la pura rentabilidad, en ocasiones cortoplacista, o la mera solvencia de las empresas, quiénes deben ser los destinatarios de una financiación que, por otro lado, es en la actualidad sumamente escasa.

Frente a esta mano invisible, cuestionada desde diferentes instancias por no haber sido capaz de identificar previamente a insolventes manifiestos, el ICO supone la intervención de los poderes públicos al rescate de una economía productiva o de unas rentas familiares severamente castigadas por la crisis. En este sentido, el ICO sirve igual para un roto que para un descosido: facilita moratorias hipotecarias a diversos colectivos, concede líneas de liquidez, otorga créditos para la inversión en activos productivos, contribuye a poner en marcha los proyectos de economía sostenible o apoya a la «floreciente» industria del cine español.

La forma de otorgar financiación por parte del ICO es diversa, aunque por lo general suele contar con la gestión y participación (compartiendo los fondos, el riesgo e incluso seleccionando a los candidatos) de las principales entidades financieras de nuestro país: bancos, cajas de ahorros o cajas rurales. Para los candidatos, las condiciones son también muy variadas, no siendo posible resumirlas en esta entrada. Nuevamente, un paseo por la página del Instituto es lo más apropiado para aquellos que deseen identificar sus verdaderas posibilidades de acceso a esta financiación.

El ICO Directo

Una de las líneas de actuación más comentadas en los últimos tiempos es la inminente concesión de préstamos directos de hasta 200.000€ a autónomos y a PYMES por parte del ICO, asumiendo el Instituto (y, por tanto, el Estado), el 100% del riesgo y de la responsabilidad de decidir. Estas operaciones, que ya están recibiendo popularmente el nombre oficioso de ICO Directo, serán comercializadas por una red financiera de ámbito nacional, elegida por concurso público (que ya tiene varios pretendientes, como el Santander, el BBVA, la CECA…), que deberá ajustarse a lo establecido por el pliego de condiciones y el programa de crédito, esto es, que actuará como ventanilla de entrada de solicitudes y salida de créditos.

Entre las novedades más llamativas de esta actuación está el hecho de que la inclusión de una empresa en un registro de morosos (los inefables RAI, Asnef o similares) no es un obstáculo insalvable para la solicitud. Estamos, para algunas empresas y autónomos, ante la hora de decidir quién ocupará el último bote salvavidas del Titanic.

¿Salvar a los fuertes o a los débiles?

Existe posiblemente un único inconveniente, quizás menor, compartido con buena parte de las actuaciones públicas en economía… ¿Debe el capitán, que decidió no reconocer el choque contra el iceberg confiado en las posibilidades de su barco, elegir quién se sube al bote? ¿Deben subir los más débiles, los que están al borde de la quiebra, esperando que los demás puedan salvarse por sus propios medios? ¿O deben hacerlo los más fuertes, dando por perdida buena parte de la economía productiva? E incluso, en el peor de los casos… ¿Debería existir el bote, o debió gastarse el dinero que costó en reforzar el barco para minimizar las consecuencias de un posible choque?

Autores:  Antonio Montero Navarro y  Juan José Najera