Malas perspectivas para la morosidad
Recientemente hemos conocido las previsiones de Funcas para la economía española en lo que resta de 2010 y 2011, las cuales aún cuando mejoran con respecto al último informe emitido, no son nada prometedoras en cuanto a crecimiento y desempleo.
Según este informe en los trimestres tercero y cuarto se producirá una recaída del PIB, motivada sobre todo por el recorte del consumo privado, debido al adelanto de las compras al segundo trimestre por la subida del IVA y al fin de las ayudas a la compra de automóviles.
El PIB caería por lo tanto cuatro décimas en el conjunto de 2010, cuando en su anterior proyección -realizada en mayo pasado- apuntaba a una caída del 0,7%. Para 2011, la entidad cree que la economía crecerá un 0,4%, frente al aumento del 0,3% estimado anteriormente.
También ha elevado ligeramente su estimación de tasa media de paro para este ejercicio, hasta el 20%.
A todo esto se suma el índice de confianza de los consumidores y de las empresas que muestran niveles muy reducidos y una tendencia volátil. Estos indicadores deberían mostrar una clara tendencia alcista si estuviésemos anticipando una recuperación económica.
Por último la tasa de impagados del sistema financiero español, que aunque bajó del 5,49% en mayo al 5,35% el pasado junio (último dato disponible), sigue estando en niveles muy elevados y con previsiones de incremento hasta finales de año. Por consiguiente no es de esperar un cambio de comportamiento de la banca ante la concesión de créditos.
Previsiones de morosidad
El contexto de morosidad por lo tanto para el último trimestre del año no será bueno y las medidas de control del riesgo de insolvencia deberán reforzarse en consecuencia. Los niveles de consumo privado podrían sufrir especialmente condicionados por una elevada tasa de paro y el incremento del IVA producido en julio pasado, por lo que sectores de distribución (alimenticia, textil, electrodomésticos,etc) , transporte y eventualmente sectores industriales asociados sin presencia de sus ventas fuera del territorio español podrían estar entre los más sensibles a un incremento de la morosidad.
Asimismo la efectividad de la nueva ley de morosidad todavía está por probar, por lo que no es de esperar una reducción a muy corto plazo de los plazos de cobro fundamentalmente en lo que se refiere a las Administraciones Públicas. Recordemos que los retrasos en pagos son en muchas empresas un problema mucho más difícil de solucionar que el de las propias insolvencias. La pérdida de beneficios, tensión de liquidez, el impacto sobre la reputación e imagen de la empresa cuando se ve forzada a dilatar a su vez los pagos a sus proveedores, puede en muchas ocasiones constituir un mayor peligro para la continuidad de la empresa que el propio contexto económico de demanda y los quebrantos por insolvencias de clientes.
Jose Miguel Rodríguez y Edgar Figueroa son, repectivamente, socio director y director de riesgos de la consultora e- Quatium.
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