El papel de las agencias de calificación crediticia en la crisis (II)

Nos centraremos en el presente post en el funcionamiento de las agencias de calificación crediticia dando continuidad al último en el que se analizaba el papel de estas agencias en la actual crisis económica y financiera.

Aunque la lista de culpables de la crisis actual es extensa, las agencias de calificación de crédito han tenido un papel protagonista tanto en el devenir de los mercados financieros a lo largo de los últimos años como en el drama inacabable que empezó con la crisis financiera estadounidense y ha derivado en una crisis fiscal europea de difícil solución y de futuro incierto.

Y es que las agencias se han mostrado desde hace tiempo incapaces de anticipar el peligro. No vieron llegar la crisis y ahora acentúan el problema con una sucesión de rebajas de las calificaciones para no perder más su ya escasa credibilidad. Pero el aspecto quizá más relevante sobre el debemos reflexionar es por qué las agencias no responden de sus errores y asumen, de alguna manera, las consecuencias de sus actos. Como ya comenté en mi anterior post las agencias de calificación crediticia están protegidas por la libertad de expresión refrendada por una enmienda de la Constitución de Estados Unidos al estar dadas de alta como periodistas financieros, y para mayor abundamiento son las propias instituciones políticas y los bancos centrales quienes continúan alimentando su protagonismo puesto que tanto  el BCE en Europa como la Reserva Federal en Estados Unidos exigían y continúan haciéndolo, sus calificaciones crediticias para todo tipo de entidades si quieren operar en la ventanilla del banco central.

El indicador más frecuentemente utilizado para medir tal confianza de los mercados son los intereses que el emisor debe pagar para poder vender su deuda, de modo que a mayor desconfianza mayores son los intereses y viceversa, y son las agencias con sus evaluaciones las que guían el comportamiento de los mercados financieros.

Ciertamente sus notas de solvencia deberían contribuir a mejorar la información que hay en los mercados sobre los productos financieros o la deuda de un país y anticipar situaciones de peligro, pero la realidad es otra y se impone implacablemente, así y a pesar de que cualquier lector de la prensa financiera sabía ya a mediados de 2007 que la banca de inversión estadounidense, y más concretamente Lehman Brothers, tenía serios problemas, sin embargo las agencias de calificación mantuvieron para su deuda una calificación de notable hasta el día de su espectacular bancarrota o cuando otorgaron la máxima calificación de riesgo a las hipotecas subprime para posteriormente considerarla titulización de las mismas a nivel de bono basura.

En sus orígenes las agencias se apoyaban en un modelo de negocio basado en suscriptores, de modo que difundían sus calificaciones tan sólo a los suscriptores de sus informes. Estas suscripciones suponían la mayor parte de los ingresos de las agencias. Hoy en día la mayoría de las pequeñas agencias de calificación de riesgos continúan con este modelo de negocio que a priori parece que les permite publicar calificaciones menos afectadas por conflictos de interés. Sin embargo  actualmente los ingresos de la mayoría de las grandes agencias de calificación provienen de los pagos que hacen los emisores de crédito y aunque los suscriptores a los servicios de las agencias de calificación reciben informes más detallados sobre las emisiones de deuda, estos servicios representan una fuente de ingresos menor y la mayoría de las calificaciones están disponibles gratuitamente para todo el mundo.

En este sentido, las opiniones están divididas, así los partidarios de este segundo modelo consideran que si las agencias tuvieran como única fuente de ingresos las suscripciones probablemente la mayoría de las emisiones de bonos se quedarían sin calificar puesto que el interés de los suscriptores se centra primordialmente en las grandes emisiones de deuda. En cualquier caso, y a pesar de que las agencias afrontan un claro conflicto de interés con los emisores que califican, el modelo basado en las suscripciones también tiene sus puntos débiles ya que un sólo suscriptor puede representar una proporción importante de los ingresos de una agencia de calificación y, en consecuencia, la agencia puede sentirse obligada a publicar calificaciones que apoyan las decisiones de inversión de ese suscriptor.

Es por tanto esencial que las valoraciones de las agencias sean independientes, objetivas y creíbles, pero este hecho está siendo cuestionado a tenor de las evidencias acumuladas. Así, por ejemplo el 29 de septiembre de 2010, el FMI acusó de contribuir «involuntariamente» a la inestabilidad financiera por los usos y abusos de las agencias de calificación de riesgo (ACR) como Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s. Aparentemente las agencias se han convertido en meros instrumentos de aquellas instituciones que, en gran parte, las financian, pero, al mismo tiempo, sus ingresos provienen de haber conseguido una licencia dada por los reguladores financieros públicos para llevar a cabo dicho servicio público de suministro de información independiente y veraz en un régimen -en la práctica- de oligopolio.

Por todo ello y ante la evidencia de que las agencias acaben actuando como meros instrumentos de las instituciones financieras se ha planteado el desarrollo de agencias públicas de valoración que garanticen un nivel óptimo de objetividad y credibilidad. En este sentido el Parlamento Europeo quiere reglamentar el funcionamiento de las agencias para que estén bajo su supervisión con un nuevo cambio en su regulación (después del prácticamente nulo efecto de los anteriores cambios regulatorios) y ya ha recomendado la creación de una agencia pública europea para contrarrestar el predominio de las agencias de Estados Unidos y responder a los intereses contrarios al euro y favorables al dólar (como moneda de reserva mundial), algo que ya hizo China.

Mediante la creación de una agencia de calificación europea, la Eurocámara quiere garantizar su independencia, transparencia y diversidad en la información de manera que proporcione una notación acorde con las especificidades de las políticas comunitarias. No obstante actualmente, el BCE continúa reclamando las notas de las agencias para sus operaciones, así que es inevitable cierta sensación de déjà vu: cada vez que una de las grandes agencias dan un mazazo ante el más mínimo indicio de una posible salida para la crisis europea.

Sin embargo, existe un conflicto de intereses que se debería combatir, puesto que las agencias están pagadas por las emisoras, que buscan altas calificaciones, y no por los inversores.

Dada la problemática existente que hemos detallado, los conflictos de interés en apariencia existentes y la falta de consistencia en las evaluaciones se hace  imprescindible mejorar muchos aspectos de la operativa de las agencias de rating, exigir una mayor transparencia en los métodos utilizados y más neutralidad en sus sistemas de remuneración. De lo contrario podrían acabar superadas por los acontecimientos y desplazadas por figuras como la agencia de calificación europea que ahora se propone.