La regulación de las criptomonedas
Tras un mes de mayo muy complicado para los criptoactivos con el conocido como “crack de las criptomonedas”, los reguladores y los estamentos financieros se manifiestan coralmente: su regulación es urgente y necesaria. El desplome de la cotización del Bitcoin y otras criptos ha hecho saltar las alarmas.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) continúa reclamando que se aclare el estatus regulatorio de las finanzas descentralizadas (es decir, sin intermediarios financieros). Su objetivo es evitar que se eludan impuestos o sanciones y la comisión de actividades delictivas. Este ente también considera que unificar a nivel global la regulación de estos productos financieros es clave.
El Banco Central Europeo (BCE) alerta de que la valoración del mercado de las criptomonedas es de 2,4 billones de dólares (2,2 billones de euros), cifra que ya dobla la de las hipotecas subprime.
Por su parte, algunas entidades bancarias consideran que no se puede correr el riesgo de que los criptoactivos se desarrollen «al margen de los canales de intermediación financiera seguros y regulados”.
Los perfiles
Según datos extraídos, la mitad de los inversores en criptomonedas buscan rentabilizar sus activos, pero el resto tienen otras motivaciones. Por diversión, por intereses de terceros o por curiosidad también son argumentos reales; aunque resulta evidente que, hasta ahora, los inversores no están especialmente preocupados por garantizar el valor de sus ingresos. Los menos son los inversores que conscientemente quieren prestar su apoyo al desarrollo de la tecnología Blockchain (cadena de bloques).
En este contexto, la Agencia Tributaria y el Banco de España tiene cuantificados 233.000 contribuyentes que no han declarados sus inversiones digitales. Y el FMI no se centra en los inversores, sino en el producto financiero. Los criptos se comercializan imposibilitando conocer la identidad y la residencia del inversor y, con ello, no puede determinarse ningún marco normativo nacional a aplicar.
Las amenazas
En cuanto a los inversores, los principales riesgos son la volatibilidad, la ausencia del regulador y la vulnerabilidad informática.
Para las instituciones, la preocupación se centra en la evasión de impuestos, el incumplimiento de sanciones o la financiación descentralizada de actividades delictivas. En este sentido, existen países que, con una normativa incipiente, han regulado la actividad de las plataformas operadoras en relación con el lavado del dinero y la financiación del terrorismo únicamente.
Autoridad Bancaria Europa
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ya ha hecho público que, a finales de este año, los bancos europeos tendrán una primera regulación sobre criptoactivos. Es el conocido reglamento MICA, una propuesta que incluye medidas para optimizar la tecnología de contabilidad distribuida y la regulación de activos virtuales en la Unión Europea para proteger a usuarios e inversores.
El caso finlandés
La Autoridad de Supervisión Financiera (FIN-FSA) de Finlandia comenzó oficialmente a regular el sector de las criptodivisas el 1 de mayo, basándose en la Quinta Directiva de la Unión Europea sobre la lucha contra el blanqueo de capitales.
Esta normativa garantizará que las compañías de criptomonedas cumplan con la actual legislación sobre fiabilidad empresarial, tenencia y protección de los fondos de los clientes, diferenciación del dinero de la sociedad de la de sus clientes, comercialización de servicios y cumplimiento de las regulaciones contra el blanqueo de capitales y la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
Al margen de la obligación de registro y la supervisión de las ‘criptoempresas’, los riesgos inherentes de estos criptoactivos seguirán existiendo. Hablamos de las grandes fluctuaciones espontáneas en su valor, la inseguridad en la protección de datos y el hecho de que varias criptomonedas son un bien puramente especulativo, por lo que no garantizan la devolución de lo invertido.
El Compliance en las criptomonedas en España
Como ya hemos indicado, organismos de distintas zonas del mundo han advertido de los riesgos de invertir en este tipo de activos debido a su escasa legislación, junto con la opacidad, la complejidad y la alta volatilidad de estas divisas.
En España la regulación de las criptomonedas se hace a través de la legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales y de lucha contra el fraude fiscal. El Real Decreto Ley 7/2021 establece la reglamentación básica en torno a estas divisas.
Estas compañías deberán asumir obligaciones como:
- Identificación de clientes.
- Registro de operadores de criptomonedas en el Banco de España.
- Presentación del modelo 729 en la declaración de la Renta sobre los Bienes y Derechos en el extranjero.
