Antoni Cañete: «La morosidad empresarial es un problema de la sociedad civil»

Antoni Cañete, Presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, reivindica en la introducción del “Análisis del comportamiento de pagos empresarial” -un macroestudio sobre la situación de los pagos en las empresas españolas realizado por INFORMA D&B-, la necesidad de un régimen sancionador como única manera de conseguir el cumplimiento del plazo de pago máximo de 60 días establecido por la Ley de lucha contra la morosidad.

Antoni Cañete Martos. Presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM)

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad es uno de los principales protagonistas de la lucha contra la morosidad , ¿nos puede resumir su acción?
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) es posiblemente el movimiento más importante en estos últimos años de la sociedad civil en el ámbito económico empresarial. Surge de agrupaciones empresariales y asociaciones de ámbito estatal, autonómico y sectorial, que se dan cuenta de cómo la demora de los plazos de pagos en las transacciones comerciales tiene consecuencias directas en la competitividad y la viabilidad de las empresas. No se trata solo de retrasos de pago, sino que de alguna manera, se han generado en algunos casos burbujas empresariales. Antes de la crisis, cuando había financiación bancaria, la dilación de los plazos de pago no tenía las mismas consecuencias. Sin embargo, sin financiación bancaria, los aplazamientos de pago provocan la asfixia de las empresas y en muchos casos su cierre. También los actores empresariales se dan cuenta de que las leyes están hechas para unos pocos y que éstas protegen determinados intereses.

¿Cuáles han sido sus principales logros?
Hemos participado de forma directa en el cambio del marco legislativo que permitía que las empresas tuvieran plazos de pago pactados. Gracias a la modificación de la Ley 3/2004 por la Ley 15/2010, se inhabilita esta posibilidad y se especifica un plazo de pago de 30 días para las administraciones y 60 días las empresas.
También cabe resaltar haber logrado que el Gobierno aprobase el Proyecto de Ley de Fomento de Financiación Empresarial. El Anteproyecto incluía dos disposiciones finales, la primera y la tercera. Esta última permitía establecer el pacto entre las partes si existía una cesión del crédito/deuda a un tercero, y el acreedor cobrase en el plazo legal establecido.
Esto significaba que si el deudor transfería sus créditos a una entidad financiera para que pagara mediante un confirming, los plazos de pago se podían pactar entre ambas partes en un plazo ilimitado, alargándolos de manera legal y empeorando la situación financiera de pymes y autónomos, además de la confusión sobre los límites legales de pago, abriendo de nuevo la posibilidad del pacto entre las partes.

Un año después de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2013. En su opinión, cuáles son los principales obstáculos a su aplicación?
Quedan varios obstáculos. En el sector público, algunas Administraciones han maquillado sus cifras de plazo de pago. En el sector privado, algunos pocos se benefician de la mejoría de los pagos de las Administraciones públicas pero no lo trasmiten en la cadena de suministro, abusando de su poder y perjudicando a las pymes, sobre todo a las más pequeñas.

¿Defiende la creación de un régimen sancionador para paliar esta situación?
El pasado 11 de febrero tuvo lugar en Madrid la III Cumbre Político empresarial. En ella se presentó el manifiesto “Tolerancia Cero con la Morosidad”, de la PMcM. Se trata de una declaración de intenciones que hace especial hincapié en una de las reivindicaciones clave en el planteamiento de esta entidad: el régimen sancionador. Dicho sistema es la única manera de conseguir el cumplimiento del plazo de pago máximo de 60 días establecido por la Ley de lucha contra la morosidad.
Con las sanciones se evitarían muchos de los malos hábitos de pago que existen en nuestro país, acabando con las prácticas abusivas de imponer plazos de pago leoninos. Esta propuesta de Régimen Sancionador fue aprobada por todos los partidos y asociaciones durante dicha Cumbre, comprometiéndose a incluirlo en sus programas.

El 70% de las empresas que ha respondido a vuestra encuesta no aplican intereses de demora a pesar de que la mayoría dicen conocer la legislación, ¿no habría que llevar a cabo una gran labor de formación a los credit managers en este sentido?
Sí, es un tema muy importante. Por nuestra parte las acciones que llevamos a cabo permiten poner el tema de la morosidad empresarial como un problema de toda la sociedad civil. En este sentido, es un catalizador de cambio de cultura.

Esta entrevista está reproducida desde el libro “Análisis del comportamiento de pagos empresarial”, editado en 2015 por segundo consecutivo tras el éxito del primer libro, correspondiente al análisis del comportamiento de pagos de 2013.