Implicaciones de la normativa para la prevención del blanqueo de capitales

Si hacemos un pequeño ejercicio de memoria, será fácil comprobar cómo han evolucionado las prioridades de los diferentes gobiernos a lo largo del tiempo. Asuntos como la prevención de la financiación del terrorismo y de gobiernos considerados “hostiles” o la lucha contra el fraude fiscal han ido ocupando lugares cada vez más destacados en las agendas de los gobiernos y organizaciones transnacionales, espoleados por eventos como los atentados del 11-S o la crisis económica de 2007.

Desde entonces hemos asistido a un desarrollo importante del marco regulatorio, debido a un incremento notable en el número de regulaciones que pretenden poner coto a las actividades ilícitas y la evasión fiscal, con especial atención al crimen organizado. Las nuevas regulaciones se han centrado muy especialmente en la eliminación o limitación de la capacidad de las organizaciones criminales para financiar sus actividades, lo que tiene un impacto directo sobre muchas empresas.

Los desafíos del nuevo marco regulatorio

Las diferentes normativas suponen un desafío importante para las empresas, toda vez que exigen el establecimiento de diversos procesos de comprobación, incluyendo en todos los casos la necesidad de acreditar las comprobaciones llevadas a cabo.

Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto para una empresa sujeta a estas regulaciones? Estos son solo algunos puntos en los que se centra el nuevo marco regulatorio:

• Inversión en tiempo y personal necesarios para la ejecución de los nuevos procesos.
• Acreditación de los procesos de comprobación realizados.
• Procesos de identificación y comprobación más exhaustivos.
• Localización de fuentes de información fiables y actualizadas.
• Reducción de la eficiencia del modelo comercial, al añadirse más pasos previos a la incorporación de nuevos clientes.
• Aumento de la burocracia.
• Comprobaciones periódicas de las carteras actuales de clientes y proveedores.
• Eventuales rechazos de nuevos socios, proveedores o clientes.
• Identificación del beneficiario último de la empresa.
• Comprobación de la existencia de personas políticamente expuestas (PEP´s) entre los accionistas de la empresa.

Para complicar más las cosas, algunas de las definiciones varían de una regulación a otra; aspectos tan cruciales como la definición de qué es un beneficiario último o qué es una persona políticamente expuesta tienen especificaciones diferentes dependiendo de la regulación que estemos tratando.

La lista de dificultades que plantea el cumplimiento de las normativas anti blanqueo, anti fraude, etc. podría extenderse bastante, y la conclusión que sacamos es que la mayoría de las empresas no puede afrontar este desafío sin ayuda. El tipo de ayuda que necesite la empresa dependerá de factores como su modelo de negocio, las regulaciones por las que se vea afectada o los recursos con los que cuente.

Sebastián Sánchez
Product Manager de Informa D&B