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Gestion financiera

Directiva europea de información corporativa sobre sostenibilidad

21 diciembre, 2022

Tras la reciente aprobación de la Directiva europea sobre presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas en el Parlamento Europeo, entran en vigor nuevas reglas de información para multinacionales. En concreto, las grandes empresas de la UE deberán divulgar información sobre el impacto de su actividad en las personas y el planeta, y sobre los riesgos de sostenibilidad que afronten.

Contexto

El 21 de abril de 2021, la Comisión presentó su propuesta de Directiva sobre informes de sostenibilidad de las empresas. El Parlamento ya pidió una revisión de la normativa en 2018 y presentó sus recomendaciones sobre gobernanza corporativa sostenible en una resolución de 2020.

La Directiva europea sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés) es una de las piezas fundamentales del Pacto Verde y de la Agenda de Finanzas Sostenibles. Se enmarca también en el compromiso de la UE con el respeto de los derechos humanos y la reducción de su impacto sobre el planeta.

Los objetivos de la Directiva

Tal como indica la institución europea, la nueva norma mejorará la rendición de cuentas de las empresas ante el público. Con ella se las obliga a informar regularmente sobre el efecto de su actividad en las personas y el medio ambiente.

Del mismo modo, se pondrá fin al lavado de imagen verde o greenwashing que hacen algunas compañías y se reforzará la economía social de mercado en la UE, suponiendo un avance hacia el establecimiento de estándares globales sobre sostenibilidad.

El objetivo principal es equiparar, con el tiempo, la información sobre sostenibilidad con la información financiera, permitiendo al público acceder por fin a datos fiables y comparables.

Dicho de un modo muy sencillo, los auditores financieros necesitan el conocimiento de los expertos en sostenibilidad para la identificación de los riesgos no financieros. Y los gestores de la información no financiera necesitan la experiencia de los auditores financieros para la cuantificación de los impactos que dichos riesgos generan y para poder ejecutar los controles internos de la organización.

Los nuevos estándares

La nueva legislación trata de cubrir lagunas en la normativa vigente sobre información no financiera, considerada insuficiente y poco fiable.

Para ello, «introduce obligaciones más detalladas sobre el impacto de las empresas en el medio ambiente, los derechos humanos y el ámbito social, basados en criterios comunes en línea con los objetivos de la UE sobre clima». La Comisión aprobará los primeros estándares en junio de 2023.

Además, para asegurarse de que ofrecen información fiable, las empresas estarán sujetas a auditorías independientes y procesos de certificación. Resulta relevante que «la información financiera y de sostenibilidad se colocan en pie de igualdad, con lo que los inversores contarán con datos comparables y fiables». El acceso digital a la información sobre sostenibilidad quedará garantizado.

A qué empresas afecta

Los nuevos requisitos normativos europeos se aplicarán a todas las grandes empresas, coticen o no en los mercados de valores. Las empresas no comunitarias pero con un volumen de negocios superior a 150 millones de euros en la UE también tendrán que cumplirlas. Las pymes que cotizan en bolsa también estarán afectadas, aunque disponen de un mayor plazo de adaptación.

Según los datos que baraja la Unión Europea, casi 50.000 empresas de la UE se verán afectadas por esta normativa, en relación con la recopilación y el intercambio de información sobre sostenibilidad.

Su aplicación

Las reglas comenzarán a aplicarse entre 2024 y 2028:

  • El 1 de enero de 2024 para grandes empresas de interés público (más de 500 empleados) ya sujetas a la directiva sobre información no financiera. Deberán entregar sus informes en 2025.
  • El 1 de enero de 2025 para las grandes compañías no sujetas a la directiva sobre información no financiera (más de 250 empleados y/o una facturación de 40 millones de euros y/o 20 millones en activos totales). Deberán entregar sus informes en 2026.
  • El 1 de enero de 2026 para las pymes cotizadas y otras empresas, que deberán entregar sus informes en 2027. Las pymes podrán retrasarlo hasta 2028.

Con todo ello, las empresas de la Unión Europea deberán divulgar información sobre el impacto de su actividad en las personas y el planeta, y sobre los riesgos de sostenibilidad a los que se enfrentan.

 

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