Las sanciones de 2025 en prevención de blanqueo evidencian un fallo estructural en los procesos de cumplimiento

La publicación por parte del Tesoro Público del informe anual de sanciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo correspondiente a 2025 ofrece algo más que una radiografía del ejercicio sancionador: constituye una señal clara sobre hacia dónde se dirige la supervisión y cuáles son las principales debilidades del tejido empresarial en materia de compliance.

Durante el ejercicio, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales impuso sanciones firmes por infracciones graves, especialmente concentradas en sectores como el financiero, inmobiliario o vinculados a nuevos modelos digitales, por valor de 12,8 millones de euros a sujetos obligados por incumplimientos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Además, emitió 38 requerimientos para subsanar deficiencias detectadas en materia de diligencia debida, información y control interno.

Lejos de responder a esquemas delictivos sofisticados, el análisis confirma una tendencia clara: el regulador está sancionando principalmente fallos en la ejecución de los procesos básicos de control, más que la ausencia de mecanismos avanzados de detección de fraude. 

El patrón de las sanciones: fallos en procesos clave de admisión de terceras partes, clientes y proveedores. 

El tipo de incumplimientos más frecuente se concentra en áreas estructurales del modelo de cumplimiento:

• Deficiencias en políticas y procedimientos.
• Falta de examen especial.
• Carencias en medidas reforzadas de diligencia debida.
• Insuficiencia en el seguimiento continuo.

A ello se suman errores en la identificación formal de clientes y en la obtención de información sobre el propósito de la relación de negocio, configurando un patrón claro: el riesgo no reside tanto en la detección del ilícito como en la incapacidad de demostrar que el cliente ha sido correctamente analizado a lo largo de todo su ciclo de vida. 

Del cumplimiento declarativo al cumplimiento operativo

La lectura conjunta de sanciones y requerimientos permite identificar un problema recurrente: la persistencia de procesos manuales, fragmentados y con baja trazabilidad, especialmente en la fase de admisión de clientes y terceras partes. 

En este contexto, el cumplimiento deja de ser una función meramente formal para convertirse en un proceso continuo, basado en datos, automatizado y auditable. 

El punto crítico: la titularidad real como eje del riesgo

Uno de los ámbitos donde el informe evidencia mayores debilidades es la identificación del titular real, consolidándose como uno de los focos más recurrentes tanto en sanciones como en requerimientos del supervisor.

Esta problemática no responde tanto a la complejidad de las estructuras societarias como a una deficiencia estructural en la calidad y verificabilidad de la información utilizada, derivada principalmente de la dependencia de datos declarativos no contrastados. 

En este contexto, la identificación del titular real deja de ser un requisito formal para convertirse en un elemento nuclear del modelo de control, directamente vinculado a la capacidad de las entidades para demostrar el cumplimiento efectivo de sus obligaciones de diligencia debida a lo largo del ciclo de vida del cliente.

El acceso a fuentes oficiales y verificadas de titularidad real se configura, por tanto, como un factor diferencial desde el punto de vista regulatorio. Servicios que permiten consultar información procedente de organismos como el Colegio de Registradores o fuentes notariales aportan:

• Mayor fiabilidad del dato.
• Trazabilidad frente al supervisor.
• Reducción del riesgo operativo.

Asimismo, la posibilidad de integrar esta información en los procesos de onboarding, vía web, API o procesos automatizados, permite combinar eficiencia operativa con robustez en el cumplimiento, eliminando uno de los principales puntos de fallo detectados en las inspecciones.

En definitiva, la titularidad real se posiciona como pieza crítica del KYC (Know Your Customer), y su correcta gestión marca la diferencia entre un cumplimiento meramente formal y uno verdaderamente efectivo.

De la debilidad estructural a la respuesta operativa

En este escenario, la automatización del onboarding y la integración de fuentes fiables de información incluyendo la titularidad real, se consolidan como elementos clave para cerrar las brechas identificadas por el supervisor.

Herramientas que ofrece Informa D&B, además de soluciones avanzadas de análisis de terceros como Risk Analytics, permiten transformar el proceso de admisión y seguimiento en un flujo:

• Automatizado.
• Homogéneo.
• Trazable.
• Auditable.

Estas soluciones facilitan la estandarización de políticas, la correcta aplicación de la diligencia debida y la monitorización continua del riesgo, abordando directamente los incumplimientos más recurrentes detectados en el ejercicio sancionador. 

Desde una perspectiva operativa, esto supone un cambio clave: el cumplimiento deja de depender del criterio individual para apoyarse en procesos estructurados y datos fiables, reduciendo tanto el error humano como la exposición regulatoria. 

Un nuevo estándar de cumplimiento

El análisis de las sanciones de 2025 pone de manifiesto una conclusión clara: el principal riesgo para las organizaciones no reside en la falta de intención de cumplimiento, sino en la insuficiencia de sus procesos y en la debilidad de sus fuentes de información.

En este nuevo entorno, el cumplimiento se redefine en torno a tres pilares:

• Automatización de procesos.
• Monitorización continua.
• Uso de datos verificables.

La diferencia entre superar una inspección o enfrentarse a una sanción radica, cada vez más, en la capacidad de las entidades para demostrar el cumplimiento con evidencia objetiva y trazable.